WASHINGTON (14 de julio de 2020) En respuesta a los acuerdos turbios que la industria farmacéutica está ideando para sacar provecho de la pandemia de COVID-19, la Fundación para la Atención de la Salud del SIDA ( AHF ) pidió hoy al gobierno de los Estados Unidos que utilice sus derechos de patente y de intervención bajo la sección 1498 del código de los Estados Unidos.
La Ley Bayh-Dole permite al gobierno de EE. UU. intervenir y decirle a una compañía farmacéutica cuánto puede cobrar por los medicamentos necesarios para abordar una emergencia de salud pública urgente. En 2001, durante la alarma por ántrax que pudo haber puesto en riesgo miles de vidas en el Capitolio de EE. UU., el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. le dijo a la compañía farmacéutica que producía el antibiótico para contrarrestar el ántrax que si no accedía a venderle al gobierno el medicamento a un precio justo, ejercería sus derechos de intervención bajo la Sección 1498 de la Ley Bayh-Dole. La compañía farmacéutica, Bayer, bajó el precio.
“¿Hemos llegado ya a ese punto en nuestra respuesta global a la pandemia de COVID?”, preguntó Michael Weinstein , presidente de AHF. “El contribuyente estadounidense ya ha subvencionado 4 millones de dólares en costes de investigación y desarrollo para una posible vacuna contra la COVID-19. Ha aportado 1.5 millones de dólares a dos farmacéuticas, Aztra-Zeneca y Johnson & Johnson. Ha invertido 1.6 millones de dólares en la farmacéutica Novavax para el desarrollo de la vacuna. Mientras tanto, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, está incumpliendo su promesa de producir una vacuna sin ánimo de lucro. En muchos casos, el gobierno estadounidense ya es copropietario de las patentes de los medicamentos necesarios para combatir la COVID. Además, algunas farmacéuticas están negociando acuerdos secretos ventajosos con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE. UU., lo que les permite eximirse del control gubernamental mediante derechos de intervención”.
“Los contribuyentes asumen la mayor parte de los riesgos financieros relacionados con el desarrollo de medicamentos y vacunas, y las compañías farmacéuticas quieren quedarse con todas las ganancias. Personas de todo el mundo mueren mientras la industria farmacéutica se embolsa miles de millones y luego recurre a artimañas legales para enriquecerse. Esperamos que el gobierno de EE. UU. muestre firmeza y utilice sus leyes para proteger a las personas, no las ganancias”, declaró John Hassell , director nacional de incidencia política de AHF.
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