LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–AIDS Healthcare Foundation (AHF) expresó hoy su decepción con la decisión de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que no logró abordar de manera sustancial los obstáculos de los derechos de propiedad intelectual para el acceso a la vacuna contra el COVID-19 en los países en desarrollo. Lo que ha sido anunciado por algunos países ricos como un compromiso innovador puede convertirse en una cortina de humo por falta de voluntad política para abordar las disparidades de salud global después de dos años de conversaciones infructuosas.
“Aplaudimos los esfuerzos incansables de la Directora General Ngozi Okonjo-Iweala para llegar a un compromiso viable sobre las patentes: mantuvo este tema vital en la parte superior de la agenda de la OMC, a pesar de muchas prioridades contrapuestas. Lamentablemente, lo que finalmente decidieron los ministros de la OMC está muy lejos de la propuesta original presentada por India y Sudáfrica, que buscaba expandir rápidamente la producción genérica de vacunas contra el COVID-19”, dijo el presidente de la AHF, Michael Weinstein. “Aparte de algunas excepciones elaboradamente complicadas en la decisión ministerial, para las que pocos países calificarán o se arriesgarán a invocar, la disparidad en la equidad global en salud permanecerá fundamentalmente sin cambios y en deuda con los monopolios de patentes farmacéuticas”.
Los países afectados por la falta de vacunas, diagnósticos y terapias contra el COVID-19 tendrán dificultades para aplicar las disposiciones de la decisión en el mundo real. Por un lado, la decisión no abordó el mayor desafío de producir vacunas genéricas: la falta de acceso a conocimientos, como proteínas a medida, cultivos celulares y nanotecnología necesarios para crearlas.
Estos componentes son secretos comerciales en poder de las compañías farmacéuticas, sin los cuales no es posible producir una nueva generación de vacunas biosimilares altamente efectivas en un tiempo razonable, incluso si uno tiene un anteproyecto teórico de una patente. El alcance de la decisión ministerial se centró íntegramente en las patentes; por lo tanto, se omitieron las transferencias de tecnología.
Además, los países elegibles solo pueden invocar las disposiciones de la decisión durante cinco años, y solo se aplican a las patentes de vacunas, aunque en esta etapa de la pandemia, podría decirse que la necesidad de tratamiento es cada vez más importante.
La decisión estipula que en seis meses, los miembros de la OMC considerarán expandir la política para incluir diagnósticos y terapias. Los criterios de elegibilidad en sí mismos, sin embargo, limitan la utilidad práctica de la decisión a los países en desarrollo, muchos de los cuales carecen de la capacidad para la producción nacional de vacunas a gran escala.
Algunos críticos de la decisión han argumentado que, de hecho, es un paso atrás del statu quo prevaleciente en torno a las flexibilidades de los ADPIC porque ha introducido una serie de parámetros y restricciones minuciosos que podrían sentar un precedente desfavorable para el espíritu de los ADPIC, a saber, para dar a los países el derecho y las protecciones legales para ignorar patentes durante emergencias en interés de la salud pública.
Después de una prolongada lucha en la OMC, una cosa está clara: la defensa para priorizar la vida de las personas sobre las ganancias corporativas está lejos de terminar para la sociedad civil y los ciudadanos preocupados de todo el mundo.
